El cuarto debate de la serie que el INTI está planteando, en homenaje al Bicentenario, buscó analizar los efectos de la siembra directa en la Pampa Húmeda. Todos los efectos: económicos, sociales y ambientales.
Entre los elementos que conforman el marco, la fertilidad de los suelos agrícolas es una de las cuestiones importantes. Como en buena parte de la superficie trabajada la ganadería extensiva ha desaparecido de la rotación de uso, la fertilidad ha pasado a depender de manera excluyente de la aplicación de fertilizantes sintéticos o minerales, que devuelvan al suelo los nutrientes que los cultivos le extraen. Trabajos del INTA, mencionados en el debate, muestran que se devuelve al suelo apenas el 42% del nitrógeno extraído, el 60% del fósforo y apenas el 6% del potasio, lo cual permite sin demasiadas dudas pronosticar que se perderá productividad. En algunos campos en que se hizo agricultura permanente durante 12 años, se verificó una pérdida de materia orgánica del 25%.
Si no fueran graves estos números, se debe agregar alguna referencia a la soja. Más del 60% del nitrógeno total extraído está en el grano de soja. Esto es así a pesar de que la soja tiene capacidad de fijar nitrógeno del aire para atender parte de sus necesidades vegetativas. Pero esa capacidad cubre sólo la mitad de los requerimientos de la planta, con lo cual la otra mitad la debe proveer el suelo. Y no puede fertilizarse con nitrógeno a la soja, porque está probado que eso inhibe su capacidad de fijar el elemento desde el aire y reduce su productividad. De tal modo, el nitrógeno del suelo a utilizar debe ser el residual de lo incorporado a un cultivo anterior, sea trigo, maíz o cualquier otro similar. O sea: la rotación no es solo conveniente sino imprescindible. De otro modo: el monocultivo de soja, repetido a lo largo de años, daña y mucho la fertilidad del suelo.
Hasta aquí lo aprendido de tantos estudios de esforzados técnicos argentinos, que vienen alertando sobre esto desde hace años. El punto es: ¿qué hacer? Hoy por hoy la rotación de cultivos, al menos, es recomendada por todos los ámbitos, incluso los que hasta ayer proclamaban los efectos mágicos del paquete tecnológico con herbicidas totales y siembra directa. Sin embargo, la distribución de superficies donde la soja sigue siendo dominante de manera abrumadora, muestra un éxito bien modesto del consejo. No puede esperarse mucho en contrario, cuando el 50% de la superficie cultivada es arrendada, mucha de ella por grupos que manejan decenas de miles de hectáreas, con contratos accidentales o de palabra, orientados por la máxima rentabilidad y no por la sustentabilidad.
Como en tantos otros planos de un escenario económico mundial en crisis, no solo financiera o económica, sino también ideológica, creo que hay que cambiar las ideas rectoras. Si alguien vive en un edificio de departamentos y quiere convertir su unidad –de él, propia– en un cabaret, no podrá, porque estaría violando varias reglamentaciones consideradas naturales por toda la comunidad. Del mismo modo, ningún dueño de una farmacia puede cambiar de rubro y poner un aserradero en un barrio céntrico de una ciudad. No se lo habilitarían porque a pesar de ser su propiedad, su actividad afectaría a terceros de manera inaceptable. Si eso es así con la tierra urbana, ¿por qué un propietario rural puede utilizar su unidad de un modo que reduce su productividad, ya no para terceros, sino hasta para sus propios descendientes?
Es el momento de considerar que la fertilidad de los suelos es un bien público. La propiedad de la tierra es privada pero su uso es de interés público, porque afecta al hoy, al mañana y al pasado mañana. Por lo tanto, de manera totalmente análoga a la frondosa legislación sobre tierra urbana, debería dictarse una ley sobre uso de suelos agrícolas, que establezca un registro del destino al que se aplicará cada parcela. Ese destino debería coincidir con un menú todo lo amplio posible, recomendado por el INTA, organizaciones de expertos en suelo y organizaciones de productores, convocados a mesas de acuerdo técnico. En caso de discrepancia, esos ámbitos deberían aprobar o rechazar la forma de aplicación del predio. Llegado a este punto, me pregunto: ¿cómo una propuesta de este tipo no fue formulada hasta hoy, cuando es de sentido común elemental? ¿Cómo se llegó a reglamentar la libertad de uso de la propiedad urbana y no se ha hecho nada similar con la propiedad rural? Con algún dramatismo: condenamos legalmente el suicidio o la eutanasia, pero nada decimos de quien destruye una propiedad privada de interés público. Que eso es mal trabajar la tierra.
Los tiempos han dejado atrás aquellas propuestas de impuesto a la renta potencial, de hace 40 años. Ellas pretendían –sensatamente– que la tierra no quedara ociosa. Pero la irrupción de tecnologías que permiten sembrar y cosechar muy grandes superficies en poco tiempo, junto con la disponibilidad infinita de capital financiero para operaciones de corto plazo, han casi eliminado la posibilidad de tierras ociosas. Pero han maximizado la posibilidad de que sean mal utilizadas, buscando una renta rápida y dejando un desierto o una laguna para nuestros hijos. Es tiempo de cambiar el foco y reflexionar.
El desarrollo completo de la propuesta puede consultarse en el documento de Debates del Bicententenario: “Una cosa lleva a la otra. El conjunto de efectos de un cambio tecnológico” www.ecoportal.net
Ing. Enrique Martínez - Presidente del INTI
www.inti.gob.ar/bicentenario/debate4.htm
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